Política Nacional de Prevención
Criminólogos como Gottfredson, Mckenzie, Eck, Farrington, Sherman, Waller y otros han estado al frente de analizar lo que funciona para evitar el delito[cita requerida]. Comisiones y organismos de investigación como la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos o la Comisión de Auditoría del Reino Unido han revisado estos análisis y otros sobre qué reduce los índices de delincuencia interpersonal.
Están de acuerdo en que los gobiernos, para gestionar adecuadamente los factores de riesgo que causan el delito, deben ir más allá de aplicar la ley y mantener un sistema de justicia penal eficaz, porque eso tiene una mejor relación coste-eficacia y produce mayores beneficios sociales que las maneras estándares de responder al delito. Por ejemplo, el Programa Perry (EE. UU.) de estimulación temprana y mejora nutricional de niños desfavorecidos consiguió unos ahorros de 13 dólares1 por cada dólar invertido, en su mayoría debidos a la reducción de los delitos cometidos por sus beneficiarios.
Múltiples encuestas de opinión también confirman que la ciudadanía apoya la inversión en prevención. Waller utiliza estos materiales en Menos ley, más orden para proponer medidas concretas que reducen el delito, así como una ley específica.2
La Guía de la Organización Mundial de la Salud (2004) complementa el Informe mundial sobre violencia y salud (2002) y la resolución 56-24 de la asamblea sanitaria mundial (2003) para que los gobiernos pongan en práctica las siguientes nueve recomendaciones:
Elaborar, aplicar y seguir un plan de acción nacional para la prevención de la violencia.
Aumentar la capacidad para recoger datos sobre violencia.
Definir prioridades para las causas, consecuencias y prevención de la violencia, y apoyar la investigación sobre ellas.
Promover respuestas de prevención primaria.
Fortalecer las respuestas para las víctimas de la violencia.
Integrar la prevención de la violencia en las políticas sociales y educativas, y así promover la igualdad entre mujeres y hombres y la igualdad social.
Incrementar la colaboración y el intercambio de información para la prevención de la violencia.
Promover, y realizar el seguimiento de, la adhesión a tratados internacionales, leyes y otros mecanismos para proteger los derechos humanos.